Para ahorrarse disputas con el fisco, cadenas comerciales del País que han realizado fusiones o adquisiciones prefieren pagar los impuestos que el SAT les señala en las revisiones de dichas transacciones.
La semana pasada, La Comer informó que pagó 426 millones de pesos al SAT para no comenzar una larga y costosa disputa legal con él, pese a que sus pagos estaban en orden.
En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cadena minorista, que opera 75 tiendas en el País, dijo que el cobro reclamado por el SAT corresponde a revisiones de dictámenes fiscales de algunas empresas del grupo que realizó y firmó un despacho de auditoría externo en 2014 y 2015.
En 2015, la entonces Controladora Comercial Mexicana vendió 160 tiendas a Organización Soriana, operación valuada en 39 mil 200 millones de pesos.
Apenas en octubre pasado, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que las fusiones y adquisiciones son una oportunidad para la evasión fiscal.
«En el SAT lo que hemos observado es que los mayores montos de evasión y defraudación fiscal se dan cuando hay reestructuras corporativas», dijo al término de su comparecencia en la Cámara de Diputados para analizar el Paquete Económico 2022.
El cobro de 426 millones de pesos hecho por el SAT a La Comer es considerable si se toma en cuenta que equivale al menos a la inversión que la cadena haría en una nueva tienda de gran tamaño, consideró Marisol Huerta, analista de Ve por Más.
Otras empresas como Walmart de México y Alsea se han visto involucradas en litigios con el SAT por fusiones y adquisiciones realizadas en años anteriores.
Tal fue el caso de la compra-venta de los restaurantes VIPS, que provocó que Walmart tuviera que pagar más de 8 mil millones de pesos al fisco y que Alsea iniciara un largo litigio con las autoridades fiscales, pues el SAT consideró que la firma restaurantera fue vendida por un precio menor a su valor real.